Introducción

Salgar es un municipio antioqueño, ubicado al suroccidente del departamento, recordado por la avalancha que ocurrió el 18 de mayo de 2015, a raíz del desbordamiento de la quebrada La Liboriana; evento declarado como calamidad pública que dejó un saldo de 104 personas muertas y más de 1.000 personas damnificadas (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres [UNGRD], 2015). Tras el evento, se llevaron a cabo procesos de atención de emergencia, rehabilitación y reconstrucción del territorio en los que participó el gobierno local y nacional, e incluso llegaron recursos internacionales que apoyaron la reubicación de los damnificados en tres asentamientos: La Habana y Florida, cerca al casco urbano, y La Aldea, construido en el corregimiento La Margarita.

Según el periódico El Tiempo (2015), existían estudios e informes oficiales, tales como el del Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras -INGEOMINAS- citado en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 (Alcaldía de Salgar, 2012), que advertían sobre el riesgo de un desastre por el alto grado de vulnerabilidad en el costado norte del casco urbano del municipio, dada su ubicación en el área de inundación de la quebrada La Liboriana; además, señalaban que una lluvia fuerte en la parte alta de la cuenca podría ocasionar una creciente que alcanzaría el área urbana con su máxima fuerza en menos de dos horas, como efectivamente ocurrió (figuras 1, 2, 3 y 4). Asimismo, dichos estudios señalaban que las avenidas torrenciales y las inundaciones tienen mayor probabilidad de ocurrencia en el área urbana de Salgar, debido a la alta torrencialidad de la cuenca de La Liboriana, como a la invasión del cauce de la quebrada y el área de inundación por viviendas, las cuales constituyen cerca de la tercera parte del área urbana del municipio (Díaz Ramírez et al., 2022; Estrada Maya et al., 2018). En este sentido, desde el Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015) (Alcaldía de Salgar, 2012) se planteaba la necesidad de restringir la urbanización en zonas de riesgo, la reubicación de las viviendas amenazadas y el desarrollo de programas de conservación del suelo, control de erosión y drenajes.

Figura 1
Zona Afectada por la Avalancha en Salgar, Antioquia
Nota. Tomado de Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios [OCHA, por sus siglas en inglés] (2015).

Figura 2
Zona Afectada por la Avalancha en Salgar, Antioquia (Detalle)
Nota. Tomado de OCHA (2015).

Figura 3
Corregimiento La Margarita, 2014
Nota. Tomado de Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2019).

Figura 4
Corregimiento La Margarita, mayo de 2015
Nota. Tomado de IDEAM (2019).

Valga decir que el cauce principal de la quebrada La Liboriana tiene una longitud de 17.1 Km hasta el casco urbano del municipio; área en la que se ubica dicho corregimiento, y en el que se presentó el mayor impacto de la avalancha, como se observa en las figuras 1-4.

En relación con lo anterior, hay que tener en cuenta que Salgar se ubica en una subregión caracterizada geomorfológicamente por ser una zona de alta susceptibilidad a los movimientos en masa rápidos (deslizamientos y/o derrumbes), producto de la saturación del suelo por infiltración de aguas lluvias en zonas deforestadas y de fuerte pendiente en las que hay mayor erosión hídrica superficial y erosión fluvial asociada a quebradas y ríos por socavación lateral en algunas zonas de La Liboriana, a lo cual hay que agregar la degradación del suelo producida por la actividad agrícola y el pastoreo intensivo (Alcaldía de Salgar, 2012). En esta dirección, el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 ya hablaba de la urgencia de reemplazar el uso del suelo destinado a la agricultura y la ganadería intensivas por cultivos menos agresivos, en consonancia con las necesidades de la población, además de aumentar las áreas de reserva protegidas en las que el uso del suelo esté restringido, con el objetivo de minimizar el impacto antrópico en el entorno natural, y reducir la vulnerabilidad a las condiciones y las probabilidades del riesgo.

En este sentido, la materialización de dichas advertencias en la tragedia ha generado un cambio de percepción respecto a la construcción y gestión social del riesgo, desmitificando la idea de que los eventos de desastres son completamente impredecibles e incontrolables. Así las cosas, el riesgo se refiere la probabilidad de que se materialicen en un territorio determinadas consecuencias de un evento desastroso (Páucar Camacho, 2015); y la vulnerabilidad, que alude a la tendencia de una comunidad a resultar afectada por un desastre, sumado a la dificultad para reponerse a los daños (Lavell, 2001). Igualmente, es importante dimensionar la prevención y reducción del riesgo, a partir de las “acciones, actividades y procedimientos (orientados) a minimizar las vulnerabilidades y riesgos existentes, prevenir la generación de futuros riesgos (...), y a la preparación de la respuesta ante emergencias y desastres” (Barra Tello et al., 2021, p. 908), procesos en los que incide el grado de cohesión social de las comunidades y las formas de participación efectivas (ADAPTO, 2021).

De esto deviene, en buena medida, la resiliencia comunitaria, definida por Cañaveral-Guisao et al. (2024), como la capacidad colectiva de las comunidades para sobrepasar las dificultades, todo lo cual permite entender que en la ocurrencia de eventos de desastres inciden diversos factores, tanto ambientales como sociales, económicos y políticos, como se observa más adelante en el texto.

Con lo anterior en mente, el objetivo de este artículo es realizar una lectura de la gestión del riesgo de desastres llevada a cabo en el municipio de Salgar, a raíz del evento ocurrido, con base en los postulados de la construcción social del riesgo. En lo que sigue, se presenta el marco teórico acuñado, seguido por la metodología implementada en la investigación. A continuación, se muestran los resultados, de acuerdo con los objetivos específicos: (i) explicar la correlación entre amenaza, vulnerabilidad y riesgo en Salgar; (ii) describir el proceso de reubicación y reconstrucción del territorio tras el deslizamiento, en relación con la confianza institucional; y (iii) analizar la construcción social del riesgo en el municipio y las expresiones de resiliencia comunitaria a las que ha dado lugar. Posteriormente, se presenta la discusión, con base en el encuadre teórico del caso, para cerrar con las conclusiones del estudio.

Marco teórico

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), el riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento de desastre combinado con la magnitud del impacto negativo que ese evento podría tener en la salud de las personas y en la sociedad, dependiendo del grado de vulnerabilidad frente a dicho evento. En este sentido, es importante considerar la vulnerabilidad como un factor clave en la comprensión del riesgo, en tanto permite entender cómo ciertos segmentos de la población pueden enfrentar un mayor impacto y, en consecuencia, diseñar estrategias diferenciales para protegerlos (Nop & Thornton, 2019; Umar et al., 2023). Asimismo, posibilita promover la equidad en el acceso a recursos, servicios de salud, información, participación y la protección efectiva de todos los individuos y grupos en situaciones de riesgo mediante el diseño y planeación de estrategias de prevención, reducción y respuesta, adaptadas a las necesidades específicas, posibilitando igualmente la resiliencia de las comunidades al empoderarlas y fortalecer sus capacidades (Camponeschi, 2022; Rodríguez Esteves, 2007; Sandoval-Díaz et al., 2023; Valencia Londoño & Valencia Londoño, 2024; Valencia Londoño et al., 2024).

En relación directa con el riesgo, está la vulnerabilidad, definida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2020) como la medida en que un sistema o comunidad es incapaz de resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de un evento de desastre, en cuyo caso es necesario el fortalecimiento de las capacidades locales, la mejora de los sistemas de alerta temprana y la protección social.

La vulnerabilidad tiene un carácter multidimensional, dado que las personas y comunidades están expuestas a vulnerabilidades económicas, sociales, ambientales y políticas. Oliver-Smith (1995) indica que la vulnerabilidad concierne a la exposición de una población a amenazas naturales y sociales, así como a su capacidad para anticipar, resistir, recuperarse y adaptarse a los impactos de esos eventos, resaltando entonces la incidencia tanto de las dimensiones sociales como naturales de la vulnerabilidad.

En los últimos treinta años, este concepto se ha convertido en el elemento central en los estudios sobre riesgo y desastres desde las ciencias sociales, en tanto pone de relieve la estrecha relación sociedad-naturaleza (Lallemant et al., 2022). Dado lo anterior, es la acción humana sobre la naturaleza la que determina y produce las condiciones que desencadenan eventos catastróficos, y no los fenómenos naturales en sí mismos, cuya potencialidad destructora es proporcional a la vulnerabilidad de los contextos donde ocurren (Hewitt, 1996; Lizarralde et al., 2020). En este sentido, el PNUD (2020) plantea dos enfoques para abordar la vulnerabilidad: i) Reducción de la pobreza y la desigualdad, como causas subyacentes de esta, mediante la implementación de políticas y programas que promuevan el acceso equitativo a los recursos, los servicios básicos y las oportunidades de desarrollo; y ii) Gestión de riesgos y desastres, mediante el fortalecimiento de la capacidad de preparación y respuesta ante estos, lo cual incluye el desarrollo de planes de emergencia, la mejora de la infraestructura resiliente, la promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales y la reducción del riesgo de los mismos.

De acuerdo con lo anterior, pueden perfilarse tres líneas teóricas sobre la vulnerabilidad social: a) Teoría crítica (economía política), b) Teoría de sistemas, y c) Ecología política (combinación de las anteriores). Esta última se ajusta al objetivo del presente trabajo, pues permite conocer los procesos que generan las condiciones de desigualdad social donde se da la construcción social de vulnerabilidad frente a las amenazas, tanto a nivel individual como colectivo. Así las cosas, la ecología política permite comprender los factores sociales, naturales y ambientales de forma interdependiente; de suerte que eventos como el desbordamiento de la quebrada La Liboriana en Salgar se co-constituyen con las relaciones sociales, las prácticas económicas y culturales del municipio, lo que a su vez permite entender la codependencia entre el comportamiento de la naturaleza y la acción social (Romero Toledo & Romero Aravena, 2015), y con ello, “desnaturalizar el esencialismo fisicalista-naturalista de los desastres” (Sandoval-Díaz, 2020, p. 148).

En este contexto, la vulnerabilidad resulta de la convergencia de factores internos y externos en una comunidad dada (López & Etulain, 2021), la cual, según Wilches-Chaux (1993) puede categorizarse en 10 formas, estrechamente vinculadas entre sí: natural, ecológica, física, social, cultural, política, ideológica, económica, educativa, e institucional, cuya interacción produce “desequilibrios” que impiden que la comunidad pueda responder adecuadamente a un determinado riesgo, dando lugar al “desastre”.

La amenaza es otro concepto clave en la gestión del riesgo de desastres (en adelante, GRD), usualmente confundida con el riesgo, pero que en sentido estricto se refiere a la presencia potencial de un evento peligroso o un fenómeno que puede causar daño a las personas y sus activos en un área específica (Holguin-Aranda & Guillemes Peira, 2022), mientras que el riesgo concierne a la probabilidad de que dicho peligro se convierta en un desastre. Aquí son relevantes la ubicación y la exposición de una comunidad a ciertos desastres de origen natural, como volcanes, tsunamis, deslizamientos de tierra, etc. En este sentido, Wilches-Chaux (1993) indica que la amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un riesgo respecto al cual una comunidad es vulnerable, probabilidad en la que entra en juego tanto el riesgo como la vulnerabilidad. Asimismo, hay que considerar el conocimiento real, más que las percepciones subjetivas, que las comunidades tienen de las amenazas, a partir de lo que es posible determinar las decisiones y acciones a tomar para disminuir la vulnerabilidad frente a aquellas.

Todo lo anterior se articula con la construcción social del riesgo, si se considera que la construcción de la realidad humana es un proceso cognitivo mediado por la percepción y la experiencia personal e intersubjetiva en el aquí y el ahora, a partir de lo cual se configura la realidad de la vida cotidiana, que se da por establecida como tal y no requiere verificaciones adicionales sobre su facticidad (Berger & Luckmann, 2015). Como ya se ha mencionado, la actividad humana se constituye en parte importante de la configuración de los riesgos, y la responsabilidad en la ocurrencia de los desastres derivados de los primeros. En consecuencia, desde una perspectiva culturalista, García Acosta (2005) señala que, a través de las determinaciones culturales, los grupos sociales ven los riesgos que pueden vulnerar a sus comunidades o sociedades. Asimismo, en el análisis de las situaciones de vulnerabilidad se tiene en cuenta tanto los imaginarios reales como los formales (López-Vásquez et al., 2024), particularmente en el análisis de los modelos de desarrollo y las relaciones sociales de producción, a partir de los cuales se definen los componentes de un desastre, ya citados: el riesgo y la vulnerabilidad. Según esto, la sociedad construye los riesgos.

De este modo, el riesgo de desastres es una construcción propia de cada sociedad que produce formas particulares de incidencia, afectación, niveles de impacto, pérdidas y recuperación, propios en cada territorio. Lo anterior, se entrelaza con los diferentes modelos de desarrollo económico de cada país o región, determinantes de las formas de crecimiento y de proyección, los cuales han de ser intervenidos, en primera instancia, en aras de reducir el estado de riesgo de desastres, pues el impacto sufrido es el reflejo del nivel socioeconómico y la estructura política, administrativa, locativa y productiva con la que cada población evalúa, interviene y atiende los posibles riesgos de manera progresiva (Marenco-Escuderos, 2018).

En este escenario, Uriarte Arciniega (2010) entiende la resiliencia comunitaria como las capacidades sociales e institucionales para afrontar la adversidad y alentar prácticas reorganizativas que mejoren las funciones, la estructura y la identidad del grupo. Sin embargo, la puesta en marcha de los recursos comunitarios está sujeta a las formas de interacción colectiva, el grado de cooperación y las capacidades organizativas de las personas (Posada-Pérez & Londoño Torres, 2023). Así lo demuestran en sus investigaciones López Bracamonte y Limón Aguirre (2017), González-Muzzio (2013), López (2007), y Maldonado González y González Gaudiano (2013), en donde la resiliencia comunitaria de grupos afectados por eventos socioambientales o sociopolíticos ha dependido de las capacidades organizativas de la población, y las formas de participación en redes de trabajo a las que también se articulan instituciones de gobierno.

Lo anterior, conlleva a la confianza institucional que, según Del Campo García (2018), se refiere al apoyo difuso de la ciudadanía hacia el régimen político y sus instituciones, que se manifiesta en,

Actitudes favorables a la democracia y presupone la existencia de lazos de lealtad y aprecio, o como un respaldo específico según el cual, los ciudadanos perciben el desempeño y los resultados de las autoridades y el gobierno (Easton, 1965; 1975). (p. 61)

En el caso de estudio, como plantean Rojas e Hidalgo (2023), el apoyo difuso refiere a la legitimidad de la que disponen o no las instituciones relacionadas con la GRD y demás tomadores de decisiones, en tanto el apoyo específico tiene que ver con los afectos y la confianza institucional que deriva de “la evaluación de su desempeño y de la satisfacción con el funcionamiento de estas instituciones” (Del Campo Garcia, 2018, p. 61).

En la GRD, la confianza institucional articula la gobernanza, el liderazgo, la confianza y la resiliencia comunitaria, enfatizando en el papel primario de los gobiernos, los recursos ciudadanos que los hacen más o menos resilientes ante las adversidades, y la relación de estos últimos con los tomadores de decisiones en tanto basamento de la confianza. Lo anterior, eventualmente, da lugar a un contrato social de responsabilidad compartida ante los desastres (Crosweller & Tschakert, 2021). En este sentido, en América Latina y el Caribe hay registros de vulnerabilidad política, social, ambiental y económica, pero también de esfuerzos por fortalecer la resiliencia comunitaria a partir de las capacidades locales que, en mayor o menor medida, necesitan ponderar los alcances, estrategias de evaluación y mecanismos de replicabilidad práctica (Sandoval-Díaz et al., 2023; Torres Vega et al., 2021).

En Colombia, la GRD encarna las preocupaciones del Sur Global, en torno a las trayectorias de crecimiento acelerado de los asentamientos informales que desafían las estrategias de reducción del riesgo de desastres, como en el caso de Mocoa, con la avalancha de 2017 (Camacho et al., 2024); o los deslizamientos de tierra en áreas periféricas de Bogotá (Vargas-Cuervo et al., 2024). A estos retos, se suma la necesidad de seguir avanzando en investigaciones sobre eventos climáticos, perfeccionar la geotecnia y articular la percepción social del riesgo en los procesos de planificación urbana, como lo indica Cardona (2024) en el caso de la ciudad de Manizales.

En este orden de ideas, hoy se avanza en la gestión comunitaria de desastres (CBDM por sus siglas en inglés), capitalizando experiencias previas de resiliencia (Valencia Londoño et al., 2024), con lo cual se reemplaza paulatinamente los modelos convencionales de reducción de riesgo de desastres (RRD), aunque en Colombia persiste el enfoque tradicional, como lo evidencia la Política Nacional de Gestión de Riesgos, desde un enfoque top-down (Valencia Londoño & Valencia Londoño, 2024). Sin embargo, hay experiencias de liderazgos comunitarios que aportan a la reducción de las vulnerabilidades y a jalonar procesos participativos y de empoderamiento (Posada-Pérez & Londoño Torres, 2024; Urrea Yela & Osorio-García, 2025), que a la vez contribuyen a repensar la construcción social del riesgo y de la prevención.

Metodología

A continuación, se detalla el diseño metodológico, el proceso de selección de las personas que participaron de la investigación, las técnicas utilizadas para la recolección de información y el proceso de análisis de los datos obtenidos.

Diseño

En la investigación se adoptó una metodología cualitativa con un enfoque exploratorio descriptivo, con el que se buscó comprender el problema en cuestión a través del análisis de datos recopilados a partir del método etnográfico en estudios del riesgo (Kox & Lüder, 2021; Malik & Najmul Islam Hashmi, 2022; Meriläinen & Koro, 2021). Este método es pertinente para comprender a las comunidades en su propio contexto, ya que implica recorrer el territorio, reconocer la cotidianidad y establecer conversaciones con sujetos que lo habitan. Se caracteriza por ser abierto a la investigación en campo, y por la integración de diversas técnicas de recolección de información que permiten nutrir el análisis de los datos.

Muestreo y participantes

La selección de los participantes siguió un enfoque cualitativo, característico de la etnografía, donde el muestreo no se basó en criterios estadísticos, sino en la pertinencia de los sujetos en relación con el fenómeno estudiado. Se utilizó un muestreo intencional y por conveniencia (Otzen & Manterola, 2017), teniendo en cuenta la disponibilidad de los participantes y su vinculación con la problemática estudiada. La investigación incluyó habitantes reubicados, líderes comunitarios y funcionarios públicos municipales involucrados en la GRD de Salgar.

Técnicas de recolección de datos

Esta investigación se desplegó mediante técnicas como: (i) la observación participante en los tres asentamientos, a partir de recorridos guiados por habitantes del sector, en los que se realizaban paradas para dialogar con personas de la zona; (ii) aplicación de entrevistas semiestructuradas y abiertas a la población -11 en La Florida, 10 en La Habana, ocho en La Aldea, y ocho a líderes y funcionarios públicos municipales-. Las entrevistas semiestructuradas se realizaron con base en un guion de entrevista, mientras que las abiertas surgieron a partir de la presentación del proyecto a las personas, que espontáneamente hablaban del tema mientras que las investigadoras direccionaban la conversación; (iii) ocho talleres comunitarios con personas reubicadas y autoridades locales -tres en La Florida, tres en La Habana, y dos en La Aldea-, mediante convocatorias previas con el apoyo de líderes y lideresas de los tres asentamientos; y (iv) un censo comunitario (178 encuestas efectivas, del 28 al 29 de junio de 2022) realizado con recursos del programa de investigación, que contribuyó a la actualización del registro de pobladores en los tres sectores de reubicación, y ofreció a los investigadores una perspectiva de la densidad poblacional en cada asentamiento.

Específicamente, las encuestas efectivas de cada sector fueron las siguientes: 25 en La Habana, 56 en La Aldea (corregimiento La Margarita) y 97 en La Florida. Las preguntas se centraron en los hogares, y se formularon en torno a ejes como la caracterización de los miembros del hogar, preguntas generales de salud, vinculación de personas del hogar a programas sociales, seguridad alimentaria, caracterización física de la vivienda, eventos de inundación, eventos victimizantes sufridos por integrantes del hogar, entre otras.

Es importante destacar que el uso de las encuestas antes mencionadas es complementario, ya que permitió profundizar en la comprensión de la GRD en Salgar. Las características sociodemográficas de los habitantes enriquecen el análisis cualitativo de la información obtenida a partir de entrevistas, talleres y recorridos territoriales; por tanto, la aplicación de encuestas no contradice la metodología cualitativa ni el método de conocimiento etnográfico de la investigación, sino que la fortalece.

Por otra parte, en cada una de las entrevistas, talleres y encuentros, con las comunidades y funcionarios, se firmaron protocolos de consentimiento informado, como respaldo a las buenas prácticas investigativas, concernientes al tratamiento de la identidad de las fuentes, el manejo de la información con fines académicos y elaboración de recomendaciones para las instituciones gubernamentales, por parte del equipo de investigación. Se tuvieron en cuenta las debidas precauciones sobre tratamiento de datos, las explicaciones pertinentes sobre la aplicación de las técnicas para la generación de la información, los beneficios directos e indirectos que reciben los participantes de la ejecución del proyecto, el uso del material audiovisual resultante de los diferentes encuentros, así como la posibilidad de desistir de participar en cualquier etapa del proceso.

Técnicas de análisis de datos

El análisis de los datos recopilados permitió la descripción y caracterización detallada del problema, sin pretender llegar a conclusiones definitivas (Cazau, 2006; Hernández et al., 2014). Para ello, se combinó información obtenida a partir de las entrevistas, talleres, observación y encuestas, con las fuentes secundarias revisadas: informes oficiales, artículos de prensa, literatura especializada consultada en bases de datos académicas, como Ebsco, Scopus, Dialnet, Redalyc, entre otras, además de tesis de posgrado sobre la tragedia, la posterior reubicación y reconstrucción de los territorios afectados.

El análisis cualitativo se llevó a cabo mediante un proceso de codificación temática en el que se identificaron categorías de análisis como gestión del riesgo de desastres (GRD), amenaza, vulnerabilidad, riesgo, construcción social del riesgo, confianza institucional y resiliencia comunitaria. La sistematización y codificación de la información se realizó con ayuda del software NVivo, aplicando un enfoque inductivo-deductivo que permitió reconocer categorías emergentes y su contraste con el marco teórico del proyecto.

Resultados

En este apartado se presentan resultados de la investigación en Salgar, para (i) explicar la correlación entre amenaza, vulnerabilidad y riesgo en Salgar; (ii) describir el proceso de reubicación y reconstrucción del territorio tras el deslizamiento, en relación con la confianza institucional; y (iii) analizar la construcción social del riesgo en el municipio y las expresiones de resiliencia comunitaria a las que ha dado lugar.

Amenaza + vulnerabilidad = riesgo

En Salgar, la correlación entre amenaza, vulnerabilidad y riesgo es el resultado histórico de la deforestación de las laderas destinadas al cultivo de café de exportación, por ser de “mejor calidad”, lo que contribuyó a aumentar el riesgo por deslizamiento con afectaciones directas sobre los habitantes y comunidades aledañas, como se evidenció en el desastre por el desbordamiento de la quebrada La Liboriana; mientras que las mayores ganancias quedan en manos de exportadores que no habitan el territorio.

Por su parte, el factor de la fragilidad física en el corregimiento de La Margarita, contribuyó a fraguar la vulnerabilidad física que es el resultado de amenazas de origen natural, interactuantes con factores sociales, económicos y políticos (Cardona, 2001; Wilches-Chaux, 1993), dando lugar a una vulnerabilidad diferenciada que integra amenazas de deslizamiento provocados por la tala de árboles, la erosión del suelo y las crecientes de la quebrada La Liboriana, cuyo riesgo era minimizado por la percepción sociocultural de los habitantes del sector.

Siguiendo a Cardona (2001), los conceptos de amenaza y vulnerabilidad están condicionados mutuamente, pues la vulnerabilidad requiere la amenaza, a la vez que esta no existe si no hay exposición o vulnerabilidad a la acción potencial de dicha amenaza. Por consiguiente, dada la estrecha relación entre la falta de desarrollo socioeconómico y la vulnerabilidad, como en el caso de Salgar, hay una serie de factores detonantes, tales como: a) fragilidad física o exposición de una población dada por su ubicación en el área de influencia de los fenómenos de riesgo y la falta de resistencia física frente a estos; b) fragilidad social, referente a la predisposición producida por la marginalidad y segregación social de una población y sus condiciones socioeconómicas desventajosas; y c) falta de resiliencia en virtud de las limitaciones de acceso y movilización de recursos de la población para dar respuesta y absorber el impacto.

Reubicación, reconstrucción y confianza institucional

Como se mencionó en parágrafos anteriores, en Salgar no existían medidas preventivas para enfrentar los acontecimientos acaecidos en 2015, aun cuando el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 (Alcaldía de Salgar, 2012) señalaba el riesgo y las condiciones de amenaza de la quebrada La Liboriana, que no eran percibidas como tal por parte de la comunidad. En este sentido, la avenida torrencial de La Liboriana no fue un desastre natural, sino el resultado de la construcción social del riesgo y de la vulnerabilidad producto de la particular relación sociedad-naturaleza en el municipio. Asimismo, producto de dicho desastre se dio un proceso de “reubicación involuntaria” y reconstrucción post-impacto de la comunidad del corregimiento La Margarita como única alternativa para garantizar mayores condiciones de seguridad y supervivencia, dado el nivel de afectación producido y la imposibilidad de reconstruir en la zona afectada por razones de riesgo (Macías, 2001).

En este proceso intervinieron diversas entidades del Estado lideradas por la UNGRD, organizaciones no gubernamentales, la comunidad local y varios dirigentes políticos de la región. Algunas personas lo recuerdan como una expresión de solidaridad, en especial durante las primeras etapas de la emergencia, como se observa en los siguientes testimonios:

De Medellín llegaban carros, camiones, bomberos, se reunían grupos de policías, carabineros a buscar las personas perdidas, a remover palos a ver dónde encontraban a alguien, ayudar paramédicos a las personas heridas, o sea, inmensidades de personas. Eso sí fue un impacto que algo escuché, de que fue un nivel, no sé si fue mundial, pero sí fue nacional. Donde muchos lugares se dieron cuenta y contribuyeron con eso. (Habitante de La Florida, comunicación personal, 2022)

Fue el momento de integración más visible que vimos en mucho tiempo, porque hay tragedia, todo el mundo se reúne. Aquí internamente somos, lo que decíamos ahora, somos como 18.000, pero aquí 40.000 personas estuvieran circulando tranquilamente en esa época. Un dato imaginario, pero todo el mundo, todas las familias de afuera vinieron, extranjeros vinieron, todo el mundo se movilizó, todas las personas que hayan sido. (Habitante de Salgar, comunicación personal, 2022)

En la Tabla 1 se muestran las fases de la gestión tras el desastre y un balance de los resultados positivos y negativos en torno a la reubicación y la reconstrucción.

Aunque se han realizado esfuerzos significativos para restaurar y mejorar las condiciones en Salgar, algunos desafíos persisten y el proceso de recuperación continúa en curso (Vélez, 2024). Por un lado, sobresale la presencia de diferentes actores que de una forma u otra contribuyeron a la atención de la emergencia, a la reconstrucción y a la reubicación, como lo recuerdan algunas personas:

Estuvieron los Bomberos de Andes, los de Hispania, de Medellín también vinieron bomberos, la gestión de riesgo de Antioquia, hubo mucha gente acompañándonos de Bogotá. Más o menos por un año completico estuvo el gobierno acompañando – No, para mejor decir, estuvo hasta que entregaron las casas. Pendientes de todos. (Habitante de La Habana, comunicación personal, 2022)

Pero, por otro lado, las reubicaciones no consensuadas con la comunidad generaron inconformidades -ver cuadro 1- que persisten en la actualidad: “Lo que pasa es cuando el gobierno hace estas reubicaciones, y son por bloques, donde quiera que sea van a haber inconvenientes porque no todo el mundo vive igual” (Habitante de Salgar, comunicación personal, 2022)

Situaciones similares a la de Salgar se han observado en otros eventos de desastre de origen natural en Colombia, donde el proceso de atención y reubicación se ha dado de manera desarticulada del tejido social de las comunidades afectadas. Uno de ellos es el terremoto del 25 de enero de 1999 en el Eje Cafetero, donde las comunidades reubicadas enfrentaron la pérdida de su cohesión social y la adaptación forzada a nuevas formas de vida:

Entraron a actuar como si el terremoto hubiera hecho tabla rasa no sólo [SIC] con las edificaciones, sino también con ese tejido social, que si bien terminó gravemente afectado, no solamente no había desaparecido del todo, sino que constituye el principal recurso con qué [SIC] cuentan las comunidades para su recuperación post-terremoto. (Cardona Arboleda et al., 2004, p. 88)

De allí la importancia de abordar no solo la infraestructura física, sino también los aspectos sociales en los procesos de recuperación post-desastre (Behnassi et al., 2022).

Respecto a la pérdida del tejido social en Salgar, las autoridades municipales, líderes comunitarios, representantes de organizaciones sociales y habitantes de las tres comunidades afectadas entrevistados en el desarrollo de la investigación, coinciden en señalar que la participación comunitaria en el municipio disminuyó considerablemente tras el desastre, especialmente en relación con la fractura de la producción agrícola, los mercados locales y la celebración de las fiestas del Cacique Barroso, los cuales constituían el punto de encuentro, intercambio comercial y socialización dominical de la comunidad (T. Guerra, comunicación personal, 04 de junio de 2022).

Asimismo, uno de los líderes municipales recuerda que existían diversos grupos culturales de teatro, música y danza conformados por cerca de 300 personas, los cuales tras el evento han visto limitados sus procesos creativos (Richard, comunicación personal, 04 de junio de 2022). En este sentido, la celebración de las fiestas municipales ha disminuido debido a la sensibilidad y a la huella social y psicológica que pervive en la memoria de los habitantes de Salgar, lo cual, como expresa un líder municipal, indica que aún falta por hacer un trabajo de acompañamiento psicosocial sobre el duelo (Orlando, comunicación personal, 04 de junio de 2022).

En la misma línea, el debilitamiento de las formas de participación comunitaria, se vincula con los bajos niveles de participación política, que se observa en el caso de las Juntas de Acción Comunal, tan difusas en los asentamientos de La Florida y La Habana, en buena medida, debido al desinterés de las personas que no les gusta reunirse, por lo que en su lugar funciona una administración en cada bloque (edificio), con labores estrictamente operativas en cuestiones de aseo y mantenimiento (S. Vélez; A. Rendón, registro de campo, 14-16 de julio de 2022).

La pérdida del tejido social y la erosión de la participación comunitaria tras el desastre se presenta en medio de disímiles niveles de confianza institucional relacionada con la GRD (Henderson et al., 2023) en el municipio. Entre los actores partícipes del proceso, están las autoridades civiles (alcaldía, secretarías de Salud y Planeación, Unidad de Gestión del Riesgo, Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres [DAGRED], Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación a Desastres [DAPARD], bomberos, defensa civil, entre otros); la fuerza pública (Ejército y Policía); y las organizaciones no gubernamentales (Fundación Berta Martínez de Jaramillo, Antioquia Presente, Cruz Roja, iglesias, medios de comunicación, entre otras).

Como se observa en la Figura 5, representantes entrevistados de las tres comunidades tienen un nivel de confianza alto en la fuerza pública y en las organizaciones no gubernamentales, especialmente en la Fundación Berta Martínez, en la que muchos de los damnificados encontraron apoyo psicológico y en “quien desahogarse y contarle nuestras problemáticas” (Richard, comunicación personal, 04 de junio de 2022). También, es el caso del DAGRAN, que “acude cuando se le llama” y esto tranquiliza a la comunidad (Yulieth, comunicación personal, 16 de septiembre de 2022).

No obstante, en el caso de las autoridades municipales, las comunidades damnificadas tienen un nivel de confianza medio y bajo, en particular respecto a la alcaldía de aquel momento (2012-2015), a la que la comunidad atribuye gran parte de la responsabilidad por la mala GRD, además de que para entonces la alcaldesa estaba siendo investigada (Castro, 2015), y posteriormente fue inhabilitada por irregularidades e incumplimiento de sus funciones (Procuraduría General de la Nación, 2017).

Figura 5
Nivel de confianza institucional
Nota. Elaboración propia.

Construcción social del riesgo y resiliencia comunitaria

En La Margarita, antes del desastre, la realidad cotidiana estaba dada por la percepción de seguridad ante la ausencia de eventos de desbordamientos de la quebrada La Liboriana, mientras que las amenazas se iban acumulando, lo cual, a medida que la comunidad construyó contextos frágiles, contribuyó a que se incrementaran las dimensiones de la vulnerabilidad, convirtiendo el propio medio en una amenaza y factor de riesgo (García Acosta, 2005).

Frente a lo anterior, la construcción social de la prevención alude al conjunto de procesos, procedimientos, estrategias y acciones que las comunidades, por iniciativa propia o mediante el Estado, despliegan en respuesta a los desastres de origen natural ocasionados, generalmente, por amenazas recurrentes, de las cuales aquellas llevan registro, oral y escrito, de su origen, temporalidad, manifestaciones centrales y los daños que ha causado anteriormente (García Acosta, 2005). En este sentido, es importante la capacidad organizativa de las personas, tanto mediante el aparato estatal como a través de la cultura organizacional de las propias comunidades, entendido esto como el primer paso hacia la resiliencia comunitaria, o capacidad de adaptación del sistema, para recuperarse y reconstruirse tras los eventos desastrosos, minimizando los daños y reduciendo al máximo las consecuencias negativas (Anwar, 2024; Cutter et al., 2008; Fernández et al., 2020; Metzger & Robert, 2013; Sánchez et al., 2018; Uriarte Arciniega, 2013).

Lo dicho no implica necesariamente volver al estado previo al desastre, sino aprender de la experiencia y fortalecerse, de manera que se esté mejor preparado para enfrentar futuros eventos. Así, Llobet y Wegsman (2004) enfatizan en que el objetivo de la resiliencia no ha de ser lograr “personas (resilientes) que se adapten positivamente a situaciones adversas” (p. 149), sino personas y comunidades que, a partir de dichas adversidades, adquieran más autonomía, integración y agenciamiento crítico y transformativo de las mismas.

Sobre este último aspecto, en el municipio la capacidad organizativa de las personas, frente a eventuales riesgos de desastre, no parece haber prosperado, pues si bien durante los primeros dos años de la emergencia se consolidaron redes de apoyo que favorecieron la rápida reconstrucción del municipio (Cañaveral-Guisao et al., 2024), en la actualidad estas formas organizativas han perdido fuerza; por ejemplo, entre las mismas viviendas donde reubicaron a las personas damnificadas: “Cada bloque tiene su administración, pero solamente para cosas operativas: limpiar, hacer mantenimiento, tareas de esas” (Habitante de Salgar, comunicación personal, 2022).

Recapitulando, en Salgar, la comunidad no pudo enfrentar un evento desastroso para el que no estaba preparada ni contaba con los recursos para esto. Y aunque ha habido comportamientos resilientes tras el desbordamiento de la quebrada, las personas se han enfocado en mitigar los efectos del desastre e intentar reconstruir sus vidas en los aspectos materiales y emocionales, más no en intervenir los procesos de construcción social del riesgo que dieron lugar a la catástrofe. Asimismo, no se ha reforzado la autonomía de las comunidades, pues esta no existía antes del desastre, por lo que la resiliencia se ha desarrollado como una capacidad a partir del evento; es decir, como respuesta al fracaso en la reducción de la vulnerabilidad.

Pese a la diversidad de los escenarios desastrosos, el caso de Salgar es ilustrativo para Colombia por la magnitud del daño, pero además por los patrones que se repiten en el territorio nacional. De allí la importancia de entender la tragedia en el municipio y sus formas de respuesta, pues el tipo de desastre que allí se presentó, por avenida torrencial, es frecuente en las zonas de piedemonte colombiano, como se aprecia en la Figura 6.

Figura 6
Zonas Susceptibles a Avenidas Torrenciales en Colombia
Nota. IDEAM (2017), como se cita en Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (2024).

Discusión

Hay planteamientos desde las ciencias sociales, como el de Beck (1986), que propone el concepto de sociedad del riesgo; el de Luhmann (2007), que define el riesgo como un componente social; y el de Douglas (1996), para quien la percepción del riesgo es un elemento construido culturalmente. De acuerdo con los autores, la degradación de la naturaleza por parte de la actividad humana puede convertirse en una amenaza socio-natural, pues las consecuencias catastróficas modernas están asociadas al proceso de industrialización y modernización (Beck, 1986), que da cuenta de procesos co-constitutivos entre el devenir de la naturaleza y las prácticas sociales, a los que alude la ecología política. Este último autor señala que el riesgo tiene un aspecto socioeconómico que aumenta la brecha entre clases sociales en tanto la riqueza se acumula arriba y los riesgos abajo.

Para Luhmann (2007), la evaluación y aceptación del riesgo es tanto un problema psíquico como social en donde las percepciones de las poblaciones inciden en la acción o subestimación de este y los posibles daños. En la misma dirección apunta Douglas (1996) al señalar que la noción del riesgo es una construcción cultural, la cual, más que basarse en razones empíricas, enfatiza algunos de sus aspectos y omite otros. Así, cada organización social acepta o ignora determinados riesgos al permanecer en cierto espacio e ignorar los peligros comunes y de baja intensidad, a la vez que el individuo, como una estrategia de supervivencia, ignora o no parece percibir los riesgos altamente probables al creer que su entorno es más seguro de lo que realmente es. En consecuencia, esta construcción sociocultural del riesgo dificulta la aceptación y prevención de este en tanto contradice la pretendida seguridad del entorno, y obliga así a tomar acciones preventivas que determinen la vulnerabilidad y cómo disminuirla.

Al respecto, hay propuestas de acciones y medidas individuales y comunitarias (Lavell, 2007; Marenco-Escuderos, 2018; Ordóñez-Díaz et al., 2018; Smith et al., 2017), tales como:

i) Conocimiento sobre el origen, nivel, potencia, incidencia y probabilidad de las amenazas que se encuentran en la zona, y cómo prepararse antes de que ocurra un desastre, lo cual implica tener planes de emergencia, suministros básicos y conocimiento de las rutas de evacuación.

ii) Sistemas de pronóstico, predicción y comunicación oportuna sobre cualquier cambio climático que pudiera tornarse catastrófico.

iii) Infraestructuras capaces de resistir los desastres naturales, tales como edificios sismorresistentes, sistemas de drenaje eficientes para evitar inundaciones, sistemas de alerta temprana, etc.

iv) Sistemas de respuesta rápida y eficiente, incluyendo equipos de emergencia capacitados, servicios de salud y atención médica, y sistemas de comunicación efectivos.

v) Medidas para reducir la vulnerabilidad, tales como la ordenación del territorio, la protección de áreas naturales, el establecimiento de normativas de construcción seguras, entre otras.

vi) Participación de la comunidad en la planificación, preparación y respuesta ante desastres, incluyendo la colaboración entre diferentes actores, como gobiernos locales, organizaciones comunitarias, instituciones educativas y ciudadanos en el fomento integral de la educación ambiental para la prevención, atención, reducción y mitigación de los desastres.

En este orden, Marenco-Escuderos (2018) apunta varias fases del ciclo del riesgo, semejantes a las acciones citadas, a saber: i) capacitación de los actores que atienden el riesgo y a la comunidad vulnerable para promover y concienciar sobre mejores prácticas en el diario vivir de las comunidades; ii) actividades de prevención del riesgo y reducción de la probabilidad de desastres; iii) atención post-evento por parte de organismos de socorro y entes territoriales capacitados para garantizar la seguridad de la población damnificada; y iv) rehabilitación y reconstrucción de las pérdidas socioeconómicas, civiles y de infraestructura que mejore las condiciones previas para evitar daños iguales o superiores en el futuro.

No obstante lo anterior, la gestión del riesgo por deslizamientos suele limitarse a acciones de prevención y emergencia mediante el desalojo de comunidades en riesgo y de atención cuando se ha producido un evento; en menor medida mediante obras ingenieriles de mitigación en las zonas con amenaza de deslizamientos, dejando de lado el desarrollo de estrategias colaborativas en las que se identifique las responsabilidades y capacidades de los diversos actores con miras a enfrentar los riesgos y desarrollar las posibles acciones de mitigación en el corto, mediano y largo plazo (Pérez Fernández et al., 2016; Smith et al., 2017), tal cual sucedió en Salgar.

Cabe agregar que, sin desconocer los retos que tienen las comunidades y las instituciones en materia de GRD, independiente de la tipología de los fenómenos, cuando se trata de zonas amenazadas por avenidas torrenciales^[2], es impostergable que los planes de ordenamiento territorial y la protección de cuencas hidrográficas se concentren en el buen manejo de los recursos hídricos, de conformidad con la protección de los habitantes. En igual sentido, es importante que las administraciones locales y los tomadores de decisiones en materia de GRD cuenten con la cartografía de las zonas amenazadas, al tiempo que se regula y cumple el uso del suelo en tales áreas. A las acciones preventivas, se suman los sistemas de alerta temprana y planes de contingencia frente a eventuales desastres (Ordóñez, 2018) que, en el caso de Salgar, han entrado en la agenda de las administraciones recientes. Finalmente, siguiendo con el autor, la planificación adecuada no debe confundir las obras de mitigación con dar vía libre para que zonas de amenaza alta se habiliten como zonas de desarrollo, mientras que sí es necesario avanzar en obras de atenuación o eliminación (Ordóñez, 2018).

De igual manera, la resiliencia comunitaria es otro atributo importante en la GRD. Más que una respuesta inmediata y eficiente ante el desastre, la resiliencia comunitaria implica además un enfoque a largo plazo de la prevención, la preparación y la recuperación sostenible. Metzger y Robert (2013) advierten que este discurso suele ser usado en determinados modelos económicos para evadir la responsabilidad política ante las crisis sociales, económicas o ecológicas generadoras de la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres, enfocando los esfuerzos logísticos y científicos en la adaptación a amenazas externas y con ello naturalizando las crisis, limitándose así a reducir el desastre, más no los factores del riesgo y los procesos sociales que construyen los eventos catastróficos.

Por este motivo, el discurso sobre GRD termina enfocado en reforzar la capacidad de resiliencia de las comunidades ante el impacto de los desastres como una forma de subsanar las fallas en la reducción del riesgo, cuando la reducción de la vulnerabilidad debería apuntar a la efectiva disminución de aquel, y con ello el impacto del desastre, mientras que la resiliencia busca la recuperación efectiva luego del evento (Rebotier et al., 2013).

En este sentido, una ciudad resiliente, indica Godschalk (2003), es una red sustentable conformada tanto por sistemas físicos (infraestructura, carreteras, edificaciones, comunicaciones, vías fluviales, topografía y geografía que conforman el cuerpo urbano y que deben sobrevivir a un desastre para minimizar la vulnerabilidad y garantizar la recuperación) como por comunidades humanas, institucionales e informales (instituciones educativas, barrios, organizaciones, empresas, etc.) que dirigen las actividades de la ciudad y que, durante un desastre, deben igualmente poder sobrevivir y funcionar para garantizar la toma de decisiones y la respuesta al desastre (Sánchez et al., 2018).

Considerando lo anterior, esta investigación permite mirar en retrospectiva la reconstrucción de Salgar y el valor que tienen los procesos organizativos y participativos de las comunidades en la GRD, y que, en el caso estudiado, coadyuvaron a la conformación de redes postdesastre, si bien los procesos organizativos previos no estaban lo suficientemente consolidados, y las redes de apoyo tras la avalancha no perduraron, luego de superada la emergencia. Asimismo, Salgar deja en evidencia que el rol institucional, en materia de prevención, planificación y ejecución de las políticas públicas, no debe estar de espaldas a las necesidades y expectativas de los habitantes, siguiendo con las tendencias contemporáneas de la gestión del riesgo comunitaria. Esto igualmente ayuda a no erosionar la confianza institucional, pues cuando las autoridades competentes toman decisiones al margen de las condiciones reales de vida de la gente, una de las primeras consecuencias es la pérdida de credibilidad de las instituciones, con todo lo que ello representa en términos de legitimidad y buen gobierno.

Hoy, a diez años de la tragedia, Salgar es un caso de estudio relevante a nivel nacional y local, porque muestra las fortalezas territoriales para responder a desastres, pero también deja en evidencia la memoria a corto plazo que a menudo tienen las comunidades y las instituciones, con sus consecuencias para la planificación del territorio.

Conclusiones

Aunque en Salgar se dio la reconstrucción material luego del desastre, la reconstrucción del tejido social aún está por hacerse, pues, como ya se ha mencionado, además de la profunda huella social, psicológica y la fragmentación de las redes comunitarias y solidarias sustentadas, dicha fragmentación se acentuó especialmente en los proyectos urbanos de La Habana y La Florida, tanto por la reubicación obligada como por el cambio de un contexto geográfico rural bastante amplio, a otro urbano de tipo vertical en donde las condiciones espaciales modificaron por completo la construcción y la percepción del entorno; en consecuencia, las formas de socialización entre las personas, diluyendo así los lazos comunitarios del contexto rural.

Asimismo, la reubicación afectó el sentido de pertenencia de comunidades profundamente arraigadas a la tierra por varias generaciones, en las que se daban formas de participación en asuntos colectivos. En este sentido, cobra relevancia la reconstrucción de la participación comunitaria y política en la medida en que, tras la tragedia, se ha venido modificando la percepción que las comunidades tenían del riesgo, lo cual adquiere un papel fundamental en la GRD en aspectos como:

i) Conocimiento profundo del entorno, para identificar los riesgos específicos a los que se enfrenta la comunidad, desarrollar estrategias de gestión adecuadas, establecer sistemas de alerta temprana eficaces, y promover la preparación ante desastres mediante la capacitación a la comunidad en medidas de seguridad, primeros auxilios y técnicas de evacuación para mejorar su capacidad de respuesta y reducir la vulnerabilidad ante los desastres.

ii) Movilización de recursos locales para ayudarse mutuamente, ofrecer apoyo emocional y físico, y colaborar en la recuperación.

iii) Capacidad de adaptación al cambio, es decir, resiliencia, mediante la implementación de prácticas de gestión del riesgo actualizadas y efectivas para hacer frente a los cambios de los patrones climáticos y los riesgos de desastres.

iv) Sensibilización y educación sobre la GRD mediante talleres y actividades educativas, lo cual fortalece la resiliencia de la comunidad, acerca las instituciones a la gente y promueve la confianza institucional, siempre y cuando estos espacios trasciendan de lo formativo a verdaderos espacios de participación vinculante, para la construcción de estrategias de prevención, mitigación y respuesta concertadas, debidamente apropiadas y validadas por la gente.

En todo caso, modificar los factores que inciden en la construcción social del riesgo, desde una mirada cercana a la ecología política y más allá de las tipologías del fenómeno, implica apreciar el riesgo en sus reales proporciones, a partir de las condiciones de vida de las personas y el nivel de exposición a las amenazas. En Salgar, como en cualquier otro municipio, eso pasa por atender las vulnerabilidades estructurales de la gente, incluyendo las desigualdades socioeconómicas y los sistemas de participación precarios, ya sea entre las mismas comunidades o en el vínculo entre estas y la institucionalidad. De igual forma, los procesos de planificación de cara al riesgo son vitales para todas las etapas en la GRD y su eficacia -prevención, mitigación y respuesta-, lo cual depende en buena medida de que las instituciones no actúen de espaldas a las comunidades. Pues si bien es cierto que en situaciones de crisis se depara de respuestas inmediatas, los tipos de respuesta deberían estar previamente acondicionados, desde la fase preventiva, al igual que sopesadas y concertadas con la gente, para no generar falsas expectativas de acción, pero tampoco limitarse al nivel de la improvisación institucional, como sucedió en Salgar, o en Mocoa.

Por último, las limitaciones de la investigación obedecieron a dificultades de convocatoria debido a razones como la disponibilidad de tiempo de los habitantes de los tres sectores o, en algunos casos, la desconfianza en las instituciones, porque algunas personas las perciben como ineficaces o indiferentes a su situación. Al final, se superaron los obstáculos, gracias al trabajo articulado con líderes y lideresas comunitarios, y la comunicación abierta con la administración municipal.

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Notas

Información adicional

redalyc-journal-id: 1942