Introducción

La sostenibilidad es una condición de las unidades productivas que busca garantizar la satisfacción de las necesidades humanas, teniendo como restricción el respeto por el equilibrio y resiliencia de los ecosistemas, de forma que los impactos lleguen a ser imperceptibles (Suárez et al., 2021). El crecimiento demográfico y las actuales formas de producción y de consumo han generado la crisis ambiental que trajo como consecuencia el cambio climático, la tensión hídrica, especies en peligro de extinción y nuevos patrones meteorológicos; esto afecta la salud, la economía, la fauna, la flora y los servicios ambientales (Pardo Rozo, Andrade Adaime & Marlés Betancourt, 2022).

En ecosistemas estratégicos como la Amazonia, la introducción de actividades agropecuarias y mineras ha afectado negativamente la oferta de los recursos naturales. Esto ocurre debido a la presión en suelos, fuentes hídricas y la deforestación. El cambio climático generado por el calentamiento global es el resultado de la emisión de los gases de efecto invernadero. Según el IDEAM et al. (2021), el 59 % de las emisiones en Colombia provienen del sector agropecuario, por el cambio de tierras forestales a otros usos y por la degradación de los bosques. Por su parte, el 30 % proviene del sector de energía, dentro del cual el transporte representa la mayor proporción con un 12.5 %.

En respuesta a lo anterior, surgió el enfoque de sostenibilidad como un criterio de desarrollo en el cual las unidades productivas o de consumo garantizan la satisfacción de necesidades humanas en lo social, económico, financiero y político, respetando el capital natural. La política mundial se ha enfocado en estos aspectos para plantear los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que involucran el concepto de intertemporalidad, es decir, las generaciones presentes y futuras (Rogelj et al., 2019). Por ello, la valoración de la sostenibilidad y la consideración de sus factores determinantes, en diferentes sectores y contextos, es una herramienta para la construcción de política (Portocarrero Sierra et al., 2023).

La Amazonia, como ecosistema estratégico, ha sido un escenario donde la valoración de la sostenibilidad se ha realizado a través de indicadores parciales, como mecanismo de monitoreo ante la presión antrópica producida por la introducción de sistemas agropecuarios ineficientes y procesos de deforestación. Estos procesos fragmentan los bosques, agotan el suelo y afectan los servicios ecosistémicos (SSEE) que la Amazonia sustenta (Peters et al., 2013). Entre los SSEE se encuentran la regulación del ciclo hídrico y microclimático, la formación de suelos, los sumideros de carbono, la protección de cuerpos hídricos, el hábitat de especies y sus corredores ecológicos, el potencial banco genético, la belleza escénica y los valores históricos y científicos, entre otros.

Desde este punto de vista, los sistemas agropecuarios que han afectado al paisaje amazónico mediante los cambios en el uso del suelo deben tener una evaluación desde las dimensiones de la sostenibilidad. Lo anterior, involucra estudiar la rentabilidad, el alcance de metas socio económicas y mejoras en la calidad de vida y el bienestar social, lo cual minimice, a su vez, el impacto al ambiente (Flórez Laiseca et al., 2021). Surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo valorar las dimensiones de la sostenibilidad y cómo identificar sus factores determinantes en los sistemas agropecuarios ubicados en la Amazonia colombiana?

Con ello, esta investigación tuvo como objetivos valorar la sostenibilidad a partir de variables en las dimensiones políticas, sociales, económicas y ambientales, y hallar sus factores determinantes. Esta investigación es de naturaleza positiva, mixta e inferencial. Las unidades de análisis fueron los sistemas agropecuarios de la Amazonia colombiana en el sur del país. En el marco teórico se expone la teoría del análisis de la envolvente de datos como un método de construcción de indicadores de sostenibilidad y las variables que la determinan en el contexto económico rural. Los resultados, discusión y conclusiones constituyen información relevante como línea base para el eficiente planteamiento de planes, programas y proyectos que fortalezcan las políticas públicas de desarrollo rural y las acciones en las comunidades hacia un desarrollo sostenible.

Marco Teórico

Evolución del pensamiento ambiental: Desarrollo Sostenible y el sector agropecuario.

La actual política mundial establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la agenda de Naciones Unidas (2015), es el resultado de una serie de esfuerzos políticos, científicos, tecnológicos y sociales en la lucha histórica por garantizar el bienestar humano a partir de la conservación de los ecosistemas y sus servicios. A lo largo del siglo XX, la filosofía ambientalista en el mundo surge y se afianza desde 1960, luego de la posguerra. El documento de los Límites del Crecimiento, publicado por el llamado Club de Roma en 1972 (Meadows et al., 2004), presenta un panorama desolador de la proyección del mundo en los siguientes cien años. Se prevé el agotamiento de los recursos naturales y su resiliencia.

Ante esta situación, en el mismo año se establecen los 26 principios en el Tratado de Estocolmo, donde se reconoce el derecho de los seres humanos en el disfrute de un ambiente sano y la preservación de los recursos naturales y ambientales. Ya para 1987 surge el Protocolo de Montreal, con el objetivo de reducir las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO). El mismo año aparece el Informe de Bruntland denominado “Our Common Future”, que confronta las consecuencias del desarrollo económico actual con el daño al ambiente. Allí se menciona por primera vez el término “Desarrollo sostenible”, entendido como aquel que permite la satisfacción de las necesidades humanas sin comprometer los recursos para las futuras generaciones (Naciones Unidas, 1987). Desde allí hasta la fecha, se convirtió en el criterio y principio que rige las cartas políticas en el mundo.

Entre los compromisos de Bruntland se pacta una nueva conferencia, la cual se realizó en 1992 y se ha conocido como la cumbre de la tierra, de Rio de Janeiro. Deja para el mundo la Agenda 21, la Convención de Diversidad biológica y la Declaración de bosques (Avellaneda, 2013). De este evento, una de las principales contribuciones, en Colombia y en el mundo, es la creación del Ministerio de Ambiente, que normatiza la administración de los recursos naturales y ambientales (Pardo Rozo, Andrade Adaime & Marlés Betancourt, 2022). Mas adelante, en 1997, se realizaría el Protocolo de Kioto, cuyo mayor reto fue tratar de desacelerar el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de los gases que aceleran el calentamiento global por parte de los países industrializados (Gómez Rodríguez, 2021).

Luego, en el 2000, se declara la nueva agenda mundial, llamada Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con metas ambientales hacia el 2015 (Zarta Ávila, 2018). El Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Colombia consignó los ODM en la política de gobierno, y en los planes de desarrollo nacional y local. Uno de los objetivos era la incorporación de los principios de sostenibilidad en las actividades de las naciones. Ante el incumplimiento de la agenda, se pactaron nuevas consideraciones en El Acuerdo de París y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, con metas a evaluar en 2030, se propusieron 17 objetivos entre los cuales se busca lograr la eliminación de la pobreza, mejorar la educación, promover el trabajo decente, la igualdad, la justicia, la paz, la salud y el bienestar, lograr ciudades sostenibles con la conservación de los recursos hídricos, terrestres y mitigar el cambio climático (Naciones Unidas, 2015).

Entre las metas para Colombia, respecto de la acción por el clima de los ODS, se encuentra la reducción del 20 % de las emisiones de los gases de efecto invernadero (Yáñez et al., 2020). En la zona rural, se les atribuye a las emisiones indirectas generadas por la deforestación (donde se pierde biomasa); a las emisiones directas de metano y óxido nitroso, provenientes de la fermentación entérica y la gestión del estiércol del ganado; o al uso de fertilizantes y plaguicidas en las actividades agrícolas; es decir, al cambio en el uso del suelo (de bosque a ganadería).

En este sentido, entre los mecanismos de desarrollo limpio para los países en vía de desarrollo se tiene la reforestación y recuperación de zonas degradadas. En materia agropecuaria, se promueve la instauración de modelos sostenibles de producción, tales como los sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles y silvopastoriles, entre otros. La sostenibilidad en los sistemas rurales se entiende como la condición en las actividades de producción y de consumo que respetan el equilibrio de los ecosistemas y promueven la seguridad alimentaria, la aptitud de uso del suelo y la conservación de bienes y servicios ecosistémicos. Estos últimos se definen como el conjunto de insumos, materias primas, ciclos biogeoquímicos, elementos y dinámicas de los recursos naturales y ambientales que proporcionan beneficios al hombre (Pardo-Rozo et al., 2023).

Valoración de la sostenibilidad mediante la aplicación del análisis de la envolvente de datos (DEA) y sus factores determinantes.

El análisis de frontera (o de la envolvente de datos) es una herramienta de análisis económico para evaluar y comparar la eficiencia relativa entre unidades productivas, organizaciones o empresas de un mismo sector. Utiliza las cantidades de producción (output) y las cantidades de insumos (input) de las unidades productivas y, con ello, determina los puntajes de eficiencia real y potencial para cada una de estas; su fundamento es la construcción de una frontera de eficiencia a partir de un conjunto de observaciones, mediante el uso de la programación lineal (Coll Serrano & Blasco Blasco, 2006). El DEA no requiere de ninguna forma funcional entre insumos y productos, y constituye una alternativa frente a los métodos paramétricos (Cervera Muñoz & Oviedo García, 2024).

La metodología es válida para cualquier número de variables, de forma que, cuanto mayor sea su valor, mejor será el desempeño de la dimensión que la variable describe (Coll Serrano & Blasco Blasco, 2006). En los últimos años se han desarrollado diversas aplicaciones que incluyen el DEA para la obtención de indicadores integrales, a partir de indicadores parciales, lo que permite comparar el desempeño de las unidades de comportamiento bajo análisis, e identificar aquellas que presentan el mejor desempeño, con el fin de establecer un indicador global y punto de comparación frente a un conjunto dado (Quiroga Martínez, 2007).

Los primeros estudios y desarrollos datan de Farrell (1957), quien usó la programación lineal con el fin de encontrar la combinación óptima de los insumos y productos, para estimar fronteras de producción eficientes que permitan comparar entre el nivel óptimo y el nivel observado de una unidad productiva. Al establecer una frontera virtual de eficiencia técnica, se puede comparar cada unidad productiva frente a ella.

El primer modelo aplicado fue el propuesto por Charnes et al. (1978), conocido por las siglas CCR, el cual implica unos rendimientos a escala constantes y está orientado hacia los insumos (inputs). El segundo modelo sirve para realizar un análisis de eficiencia, teniendo en cuenta los rendimientos variables a escala (BCC) (Banker et al., 1984). Estos modelos permiten realizar un análisis con orientación al producto (maximizar producción con un nivel dado de insumos) o un análisis con orientación al insumo (minimizar costos de insumos, dado un nivel de producto).

Entre las aplicaciones recientes del DEA son recurrentes los temas de sostenibilidad empresarial, como en Riaño Henao y Larrea Serna (2021), Flórez Laiseca et al. (2021) y Fontalvo et al., (2019), donde vinculan análisis de eficiencia técnica, productividad y estandarización.

En lo referente al DEA, en el análisis de la sostenibilidad atribuida al criterio de desarrollo sostenible y sus dimensiones (social, económica, política y ambiental), se encuentran los estudios desarrollados por Tsaples y Papathanasiou (2021), quienes realizaron una revisión literaria entre 2017 hasta 2020 para saber cómo los investigadores han utilizado el análisis envolvente de datos para medir la sostenibilidad, encontrando que de la dimensión social y política son las menos consideradas. Previamente, Zhou et al. (2018) ya habían identificado las tendencias y perspectivas del DEA frente a sus contribuciones en el análisis de la sostenibilidad ambiental, entre el periodo de 1996 y 2006, concluyendo que existen cuatro conglomerados temáticos: evaluación de la sostenibilidad corporativa, la evaluación de la sostenibilidad regional, la construcción de indicadores compuestos de sostenibilidad y el análisis de la productividad.

Otros trabajos destacados son los de Pan et al. (2021), quienes aplicaron DEA para construir el índice de sostenibilidad de Malmquist en la industria China; Despotis (2005), con el cálculo del índice de desarrollo humano; Cherchye y Kuosmanen (2004), quienes propusieron el uso de la herramienta para la derivación de una meta índice de desarrollo sostenible. De igual forma, Kido-Cruz et al. (2021) usaron el DEA para la construcción de indicadores de la sostenibilidad orientados al sector turismo. Los indicadores sintéticos han sido usados cada vez más como herramientas útiles para la toma de decisiones y la estimación de índices de sostenibilidad (Suárez Sánchez, 2015).

Por otro lado, en el estudio de Marshall y Shortlle (2005) se construyó un índice de calidad de vida para países en vía de desarrollo a través del DEA. El trabajo desarrollado por Rodríguez-Mestre et al. (2022), en Cuba, utiliza el DEA para reconocer procesos de optimización en la explotación minera y de recursos naturales a partir de indicadores de sostenibilidad económicos y ambientales.

Otros campos de aplicación del DEA evalúan la eficiencia de las políticas públicas y tributarias, como en León Cáceres et al. (2019) y en el trabajo de Favila Tello (2019) con la medición de la eficiencia en la innovación en América Latina. En Colombia se han realizado también varios estudios de medición de la sostenibilidad, como en Gamarra Vergara (2004) y en Pardo Rozo, Muñoz Ramos & Velásquez Restrepo, (2022), quienes integran las variables de las tres dimensiones de la sostenibilidad (socioeconómica y ambiental, sin la dimensión política), dirigida solo al sector ganadero en el piedemonte amazónico de Colombia.

Identificación de los factores o variables que determinan la sostenibilidad. Desde el paradigma del positivismo, la literatura en el contexto agropecuario latinoamericano refiere variables sociales, económicas, políticas, ambientales. Entre ellas se encuentran: las ventas o ingresos, oferta, demanda, materias primas, los precios del mercado (Riaño Henao & Larrea Serna, 2021); el nivel educativo, viabilidad económica, niveles tecnológicos, indicadores de calidad de vida y desarrollo humano, niveles tecnológicos (Suárez et al., 2021); indicadores de gobernabilidad y gobernanza, indicadores de biodiversidad, de calidad de agua, suelos y aire, eficiencia en las políticas públicas, indicadores de competitividad (Cherchye & Kuosmanen, 2004); variables asociadas a cambio climático, tales como disponibilidad, calidad de suelos, cobertura arbórea, sombra y su incidencia en la productividad ganadera (Álvarez et al., 2021); la rentabilidad y variables asociadas como el ingreso operativo, los costos operativos y utilidades, servicios ecosistémicos e indicadores de pobreza (Pardo Rozo, Muñoz Ramos & Velásquez Restrepo, 2022).

La pobreza, a su vez, es medible a través de la construcción del índice de necesidades básicas insatisfechas y el índice multidimensional de pobreza, de acuerdo con las metodologías desarrolladas por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Departamento Nacional de Estadística -DANE-, el cual se vale de aspectos como dependencia económica, las condiciones de habitabilidad de la vivienda, hacinamiento, educación, salud y nutrición, entre otros (Pardo Rozo, Andrade Adaime & Marlés Betancourt, 2022).

Metodología

El estudio se desarrolló en la zona rural de Belén de los Andaquíes, municipio de Caquetá, departamento de la Amazonia, ubicada en el sur de Colombia. La investigación fue de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo), dada la naturaleza de sus variables y los métodos de análisis empleados. También, es de tipo propositivo, porque plantea una alternativa para medir la sostenibilidad y sus determinantes en un contexto específico. De una población de 300 sistemas agropecuarios se tomaron 70 fincas mediante un muestreo por conveniencia o tipo de muestreo no probabilístico (Jany, 1994).

Para la obtención de la información sobre las variables sociales, económicas y políticas se realizó un trabajo de campo en el que se aplicó la técnica de encuesta estructurada, dirigida a los productores de la zona con actividades agropecuarias. Esta herramienta contó con cuatro bloques de preguntas: i) características sociodemográficas, ii) aspectos financieros y económicos de la actividad agropecuaria, iii) percepción de aspectos políticos, iv) aspectos ambientales y usos del suelo. Como información secundaria se obtuvo la base de datos de las mediciones dasométricas y del estudio de Pardo-Rozo et al. (2021) para la variable ambiental “carbono almacenado por hectárea en bosque”.

Valoración de la sostenibilidad. Las fincas son unidades económicas que generan productos a partir de insumos. Estos insumos y productos constituyen variables que se asocian a las dimensiones de la sostenibilidad desde lo económico, social, político y ambiental. Bajo el fundamento del análisis de la envolvente de datos, se puede generar un indicador integral a partir de la relación óptima entre insumos y productos. Así, los productos de la finca en este estudio fueron: la rentabilidad por actividad agropecuaria (dimensión económica), las necesidades básicas satisfechas NBS (dimensión social), la valoración del apoyo del Gobierno (dimensión política) y el carbono almacenado en la biomasa de los bosques como servicio ecosistémico (dimensión ambiental). Estos productos de la finca se generan a partir de los siguientes insumos: costos de producción y nivel de gastos (variables económicas), nivel educativo del productor (variable social), nivel de seguridad de la finca (variable política), porcentaje de suelos productivos, bosques y densidad arbórea (variables ambientales).

Según la teoría microeconómica y la teoría de la toma de decisiones empresariales, en las fincas, como cualquier empresa, se busca resolver el problema de maximizar la utilidad o minimizar los costos de producción (eficiencia técnica o asignativa). Un método para resolver estos problemas planteados desde el enfoque de la programación lineal, se denomina el análisis de la envolvente de datos (Data Envelopment Analysis - DEA). Esta es una herramienta de la programación lineal que permite construir un indicador sintético a partir de otros parciales de tal forma que integra las variables (Quiroga Martínez, 2007); en este caso, de las diferentes dimensiones de la sostenibilidad (social, económica, política y ambiental).

Se espera que aquellas fincas que obtengan un puntaje de eficiencia igual a uno (1) se consideran sostenibles (eficientes) y aquellas con puntaje entre cero (0) e inferior a uno (1) se consideran no sostenibles (ineficientes). En la teoría, las fincas sostenibles se ubican en una frontera de eficiencia, de forma que es posible hallar el potencial de mejora para aquellas que no fueron eficientes. Esta información permite realizar un benchmarking entre estos sistemas productivos y dilucidar políticas, planes, programas y proyectos encaminados hacia la búsqueda del desarrollo sostenible sectorial. La frontera de la sostenibilidad de este estudio se calculó mediante el DEA, a través del uso del programa Banxia Frontier Analyst, versión académica, que arrojó índices de eficiencia entre 0 y 1 para cada finca.

Las variables económicas de la dimensión económica se obtuvieron a través del cálculo de la razón beneficio costo -RBC- de las fincas, los costos anuales de producción y el porcentaje del suelo productivo en pasturas y cultivos respecto de la extensión total de la finca. Como variables de la dimensión social se tomó el puntaje de necesidades básicas satisfechas, el nivel educativo del productor y nivel de gastos. Las variables desde la dimensión política fueron: el apoyo del Gobierno (medido en escala de Liker entre 1 a 5), el porcentaje de tierra productiva y la valoración de la seguridad en la zona. Esta última referida al orden público que afecta las actividades productivas y comerciales, relativa al objetivo número 16 de los ODS, que tiene en cuenta la disminución de índices delincuenciales y problemas de orden público en general. Las variables desde la dimensión ambiental fueron: el carbono en biomasa aérea en bosque por hectárea, el porcentaje de cobertura boscosa de la finca y la densidad arbórea por hectárea. Así, atendiendo al modelo matemático general que resuelve este problema, se plantea el siguiente problema de programación lineal de acuerdo con Pardo Rozo, Hernández Castorena y Andrade Adaime (2022):

Función objetivo: Max_U,V .X. , Y.)

Sujeto a: VX. = 1

UY. – VX. £ 0

Con: . = 1,2, … .

U, V ³ 0.

Donde, X. es el vector de insumos de N fincas evaluadas de orden I x 1; Y.: es el vector de los productos de orden . x .; .: es un vector de variables . x . productos óptimos; .: es un vector de . x . la combinación óptima de insumos. La programación lineal halla los valores de . y . que optimizan la medida de eficiencia o sostenibilidad, restringido a los valores inferiores o iguales a la unidad. Los modelos de DEA pueden orientarse la producción (output) o hacia el insumo (input). Los rendimientos a escala pueden ser constantes (modelo CCR) o variables (BCC) (Figura 1).

Figura 1
Eficiencia técnica orientación a insumo y producto con rendimientos a escala constante (CCR) y a escala variable (BCC)
Nota. Elaboración propia adaptado de Gamarra Vergara (2004).

Las fincas eficientes (sostenibles) serán aquellas que se encuentren sobre la línea 0BD (Figura 1) y serán ineficientes las que se encuentren fuera de esta. Esto indica que allí se obtiene la optimización (se maximizan la producción o se minimiza el costo de insumos). El cociente de eficiencia orientado a insumo (inputs) se construye entre la relación AB/AP y en el enfoque orientado a producto (outputs) se mide entre CP/CD. El tipo de eficiencia puede ser: técnica (conocida como eficiencia física), eficiencia precio (o asignativa) o eficiencia global (también llamada eficiencia económica) (Pardo Rozo, Hernández Castorena & Andrade Adaime, 2022).

El modelo de CCR es también conocido como el modelo de eficiencia técnica global (ETG), y el modelo BCC es llamado también el modelo de eficiencia técnica pura (ETP). A partir del cociente entre estos dos anteriores (ETG/ETP) arroja un índice denominado como eficiencia de escala (EE), que sirve para identificar cuáles son las DMU que operan (o no) en una escala óptima. Los análisis deben realizarse sobre los modelos BCC. Los puntajes de eficiencia hallados a partir del DEA son relativos; es decir, se limitan solo a la comparación entre el conjunto de datos analizados y no frente una eficiencia absoluta que responda a un ideal teórico (Coll Serrano & Blasco Blasco, 2006).

Identificación de los factores determinantes de la sostenibilidad.

Se propuso un modelo econométrico para complementar el análisis realizado con la envolvente de datos. Se usó análisis de regresión con la forma funcional Tobit en virtud de los datos censurados que presentan las variables del modelo (Meza Carvajalino, 2022) (Ecuación 1):

[Ecuación 1]

Donde: Nos: es el puntaje de no sostenibilidad obtenido mediante el análisis de la envolvente de datos. Según Gamarra Vergara (2004), esta se estima así: 1-[q_CCR/q_BCC], donde . es el puntaje de eficiencia con retornos constantes a escala (CCR) y variables (BCC). La variable . representa los gastos anuales de la finca medido en pesos colombianos de 2022. . representa el número de hectáreas en bosque que tiene la finca. . es el número de hectáreas de la finca destinadas a pastos con fines ganaderos. Trab representa el número de trabajadores dentro de la finca. El elemento . representa el componente probabilístico del modelo.

Los β son los coeficientes que acompañan a cada una de las variables del modelo. Estos fueron estimados por el método de máxima verosimilitud (Iglesias Ibarra & Fernández Rangel, 2022), mediante el paquete econométrico Limdep 11.0.

Resultados

La zona de estudio presentó las siguientes características sociodemográficas: el 95 % de las fincas es administrado por hombres y el 5 % por mujeres. Los grupos familiares se conforman por cuatro personas, en promedio, con un máximo de 8 y un mínimo de 2 personas. El nivel educativo de estas familias se distribuye así: educación básica primaria (78 %); educación básica secundaria (15 %) y educación media (5 %), y el porcentaje restante tiene formación técnica y profesional. El promedio de los ingresos operativos mensuales de la finca fue cercano a $ 777.000 de 2022 (con un mínimo de $ 150.000 y un máximo de $ 5.000.000). El promedio de los gastos mensuales de la finca fue de $ 608.928 (con un mínimo de $ 150.000 y un máximo de $ 4.650.000). El 93 % de las fincas es rentable, según el cálculo de la razón beneficio costo (es decir RBC > 1). De estas 65 fincas, el valor promedio de la RBC fue 5, lo que indica que, por cada peso desembolsado como costo de producción, generó 5 pesos de ingresos operativos (con un mínimo de 1,1 y un máximo de 9,0). El 7 % tuvo una RBC < 1. Entre las principales actividades agropecuarias se encuentran la ganadería doble propósito (42 %) y la ganadería de leche (58 %).

En cuanto a cultivos agrícolas se encuentran el plátano, la yuca, la caña panelera, piña y frutales amazónicos. Algunos cultivos forestales como caucho, copoazú y palma de aceite. El 77 % de las fincas tiene cobertura de bosque, con una abundancia de 430 individuos. De aquellas fincas con bosques, se estimó cerca de 165 t.ha^-1de carbono almacenado (según la base de datos y metodología presentada en Pardo-Rozo et al., 2021). Se observó que un 77 % de las fincas presenta sistemas semiempresariales y el 23 % sistemas familiares. La Tabla 1 discrimina la evaluación sobre el apoyo del Gobierno por parte de los productores.

Valoración de la sostenibilidad desde la dimensión económica. Se obtuvo el indicador a partir de la relación entre la RBC de la actividad agropecuaria (como output), frente a los costos anuales de producción y el porcentaje del suelo productivo, respecto de la extensión total de la finca -en pasturas y cultivos- como input. El problema fue maximizar la RBC sujeto a los costos y el porcentaje de suelo productivo. Los resultados de la envolvente del modelo orientado a producto bajo CCR mostraron que solo tres fincas (4,3 %) fueron eficientes, versus el 95,7 % ineficientes. Al revisar la distribución de los puntajes de eficiencia en la dimensión económica (Figura 2) se puede corroborar que 67 fincas no son sostenibles (ineficientes económicamente); sin embargo, 17 de ellas están cerca de la frontera de eficiencia.

Figura 2
Distribución de los puntajes de sostenibilidad en la dimensión económica aplicada a los predios objeto de estudio en la Amazonia colombiana
Nota. En rojo los puntajes inferiores a 80, en amarillo puntajes entre 81 y 99,9, y en verde puntajes de 100.

Si bien el 93 % de las fincas es rentable, desde la perspectiva financiera según la RBC, desde el criterio de optimización solo 3 fincas fueron eficientes. Con base en lo anterior, dentro de las mejoras potenciales se encontró que la RBC de las actividades primarias es muy baja, por tanto, su potencial de mejora fue alto (97,11 %). En el tema de los costos, se pueden generar ahorros del 0,49 % y las extensiones de tierras destinadas a las actividades económicas están siendo subutilizadas en 2,4 %.

Valoración de la sostenibilidad desde la dimensión social. La política de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, desde 2015, planteó que los hogares (en este caso, los inmersos en las unidades productivas) deben gozar de calidad de vida, representada en la satisfacción de las necesidades de salud, educación, vivienda, economía y bienestar. Por ello, se tomó como producto el puntaje de NBS y como insumo el nivel educativo del productor, que supone probabilidades de mejora en su calidad de vida y el nivel de gastos. El problema fue maximizar las NBS, sujeta al nivel educativo y nivel de gastos. Los resultados de la envolvente del modelo orientado a producto con CCR mostraron solo dos fincas (2,8 %) ubicadas en la frontera de la sostenibilidad; es decir, sostenibles desde el punto de vista social.

Figura 3
Distribución de los puntajes de sostenibilidad en la dimensión social en las fincas de la muestra de estudio en la Amazonia colombiana (Caquetá, Colombia)
Nota. En rojo los puntajes inferiores a 80, en amarillo puntajes entre 81 y 99,9, y en verde puntajes de 100.

La distribución de los puntajes de sostenibilidad en la dimensión social (Figura 3), indican que 47 fincas son ineficientes desde lo social (no sostenibles) y 21 están cerca de la frontera de eficiencia social. En cuanto al porcentaje de mejora, las fincas ineficientes deben optimizar la relación gastos respecto de los ingresos, y disminuir las necesidades básicas insatisfechas, aunque estas no son una variable del control en los hogares (mejorar un 76,4 %). En las variables de control de las familias puede interpretarse como la necesidad de establecer cultura de ahorro y mejoras en los niveles educativos. Desde la perspectiva del Gobierno, puede traducirse como el aumento en las políticas públicas que son evidenciables en créditos blandos, acceso a la educación y gratuidad, mejoramiento en las condiciones de vivienda y seguridad.

Valoración de la sostenibilidad desde la dimensión política. La sostenibilidad en la dimensión política fue medida a partir de la percepción de los productores acerca del apoyo que reciben desde la administración local para el desarrollo de sus procesos productivos. Como insumos, se emplearon el porcentaje de coberturas productivas en las fincas y la valoración de la seguridad en la zona, referida al orden público que afecta las actividades productivas y comerciales. Esta última se consideró relativa al objetivo número 16 de los ODS, que tiene en cuenta la disminución de índices delincuenciales y problemas de orden público en general. El problema fue maximizar la valoración que otorga el productor sobre el apoyo del Gobierno (AG), sujeto a la valoración de la seguridad de la zona y el porcentaje de tierras productivas (4).

Figura 4
Distribución de los puntajes de sostenibilidad en la dimensión política aplicada a los predios objeto de estudio en el piedemonte amazónico (Caquetá, Colombia)
Nota. En rojo los puntajes inferiores a 80, en amarillo puntajes entre 81 y 99,9, y en verde puntajes de 100.

El modelo evidenció que solo dos unidades productivas (2,8 %) fueron sostenibles en el alcance de las políticas de Gobierno en materia de apoyo al pequeño y mediano productor. Esto puede atribuirse a que los productores en la zona rural no experimentan un acompañamiento de la administración local, situación que rezaga la consolidación de la eficiencia y la competitividad, y, unido a los altos índices de pobreza, podría explicar la subutilización del suelo rural y su baja productividad. La distribución de los puntajes de sostenibilidad evidenció que 66 fincas son ineficientes (no sostenibles) y solo 2 de estas están cerca de la frontera de eficiencia.

Los productores consideraron notable la ausencia del gobierno local, el sector financiero y las actividades de las instituciones científicas. Respecto del potencial de mejora, la valoración del productor sobre el apoyo de los sectores gubernamentales puede mejorar en un 92,5 %. En promedio, un 18,3 % del suelo de las fincas fue reportado como improductivo desde el punto de vista ambiental y económico, pues se trataba de barbechos y potreros abandonados. El potencial de uso del suelo, en este sentido, representaba un costo de oportunidad promedio de $ 1.200.000 por hectárea al año.

Valoración de la sostenibilidad de la dimensión ambiental. Los insumos usados para valorar la sostenibilidad desde la dimensión ambiental en los predios productivos fueron: el porcentaje de cobertura boscosa al interior de la finca y la densidad arbórea por hectárea. Ambos son insumos controlables. En estas condiciones, se buscó resolver el problema de maximizar el carbono en biomasa aérea por hectárea en bosque, sujeto a las hectáreas de bosque de la finca y la densidad arbórea. En el modelo DEA de maximización de producto bajo rendimientos constantes a escala (output-CCR), se encontró que solo seis (6) de las 70 unidades productivas evaluadas se localizaban sobre la frontera de sostenibilidad.

Figura 5
Distribución de los puntajes de sostenibilidad en la dimensión ambiental aplicado a los predios objeto de estudio en la Amazonia colombiana, Caquetá, Colombia
Nota. En rojo los puntajes inferiores a 80, en amarillo puntajes entre 81 y 99,9, y en verde puntajes de 100.

Se observa, en la Figura 5, que 58 fincas obtuvieron puntajes de eficiencia inferiores a 80; es decir, no son sostenibles en la dimensión ambiental, y solo 6 de ellas estuvieron cerca de la frontera de sostenibilidad (con puntajes entre 91 y 99). Dentro de las mejoras potenciales en las fincas consideradas no sostenibles, se observó que el porcentaje de bosques es inferior en un 0,13 %, respecto de las sostenibles. Como la densidad arbórea es un factor natural (incontrolable por el productor), la estrategia para aumentar el almacenamiento en bosque en las fincas podría detener la deforestación o realizar reforestación.

Determinación integral del puntaje de sostenibilidad. Luego de analizar parcialmente la sostenibilidad desde las dimensiones económica, social, política y ambiental, mediante modelos CCR y BCC orientados a producto, ahora se procedió a realizar un análisis integral, a partir de los promedios de sostenibilidad en cada una de las cuatro dimensiones de forma simultánea. Con los puntajes de sostenibilidad de los modelos anteriores se calculó la EE, la cual se obtiene del cociente entre el puntaje del modelo con rendimientos constantes y el modelo con rendimientos variables (en cada orientación) (Tabla 2).

De acuerdo con la teoría, 14 fincas fueron sostenibles (con EE = 100) con rendimientos constantes a escala. Las características de estas fincas fueron las siguientes: la RBC arrojó un promedio de 7; un promedio de 178 t C. ha^-1, un promedio de 4 NBS, un promedio de 2,5 en el puntaje de AG (en escala de 0,0 a 5,0); un promedio de porcentaje de tierras productivas del 50 %, un 13 % de cobertura boscosa en la finca. Estos valores de las fincas sostenibles fueron superiores a los valores medios de los outputs del total de las fincas de la muestra. Estas 14 fincas definen la envolvente de datos o frontera de la sostenibilidad, las cuales marcan una diferencia en los aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales de manera integral.

Para aquellas fincas no sostenibles, se identificaron mejoras potenciales en las variables económicas, así: aumentar sus ingresos operativos anuales en un 97 %; disminuir sus costos operativos anuales en un 0,5 % y aumentar la productividad de los suelos en un 2,4 %. Las mejoras potenciales en la dimensión social indican que se deben disminuir las necesidades básicas satisfechas, aumentar los niveles educativos (puede ser de primaria a bachillerato o hacia nivel profesional); y se pueden disminuir los gastos del hogar en un 23 %.

Las mejoras potenciales en las variables de la dimensión política indican que la administración pública local debe concretar sus políticas a través de la ejecución de proyectos, apoyos tecnológicos, transferencias de recursos para potenciar el campo. La valoración que otorga el productor sobre el apoyo del Gobierno debe mejorar el puntaje en un 92 %, y mejorar las condiciones de seguridad en un 100 %. En la dimensión ambiental, el llamado es a detener la deforestación al interior de las fincas, para aumentar la densidad arbórea en un 90 %.

Determinantes de la sostenibilidad en los predios productivos. La Tabla 3 presenta la salida del modelo econométrico Tobit que relaciona el puntaje de sostenibilidad de la finca versus las variables gastos, bosques, pasturas y número de trabajadores.

Se encontró que solo las hectáreas en bosque, el nivel de gastos y el número de trabajadores explican la puntuación de la sostenibilidad de las fincas. El signo negativo de la variable bosque indica que el incremento de las hectáreas forestales aumentaría el puntaje hacia la sostenibilidad, lo cual es coherente con la aptitud de uso del suelo amazónico. El coeficiente positivo de la variable gastos y número de trabajadores indica que un aumento en estos aumenta la probabilidad de ineficiencia en la finca.

Discusión

Los promedios de las variables C., RBC, NBS y densidad arbórea de las fincas sostenibles fueron superiores a los promedios de las fincas no sostenibles. Por ejemplo, el C. en las fincas sostenibles fue de 178 t.ha^-1 frente al promedio de 78,2 t.ha^-1 para las fincas no sostenibles. La RBC fue de 5 versus 4,5; las NBS fue de 4 versus 3. Luego, si el indicador de sostenibilidad hallado sintetiza las variables anteriores y, a su vez, este indicador depende de las hectáreas en bosque, según los resultados del análisis de regresión, entonces, las intervenciones de política que afecten positivamente la generación de la conservación de bosques, así como las mejoras potenciales identificadas en el análisis de eficiencia, aumentará la sostenibilidad en las fincas.

Los resultados del porcentaje de fincas sostenibles y no sostenibles fueron coherentes con las halladas en el estudio de Jurado Mejía et al. (2023). También, existe coherencia desde la perspectiva metodológica y la selección del variables (tanto del análisis de eficiencia como el análisis de regresión), con las experiencias sobre valoración de la sostenibilidad en Colombia, en el estudio de Figueroa Lucero (2016), donde la rentabilidad financiera como factor de la productividad fue considerada como un pilar para fomentar el desarrollo sostenible; y en el estudio de Suárez et al. (2021), quienes concluyeron que variables de naturaleza social, económica, política y ambiental específicas, como los ingresos por actividad económica y el trabajo familiar, fomentan la sostenibilidad en sistemas productivos agropecuarios. No obstante, los estudios de Calderón Cuartas & Flórez Yepes (2015), y Puentes-Ramírez et al. (2021), mencionan que la sostenibilidad en el contexto agropecuario también depende de otras variables de tipo ecológico y sociocultural. Sin embargo, a diferencia de los resultados de Gamarra Vergara (2004) y los mencionados en este párrafo, el modelo econométrico solo arrojó que el puntaje de sostenibilidad depende de la cobertura forestal.

En el ámbito amazónico colombiano, los resultados obtenidos en el estudio fueron acordes a lo encontrado por Pardo Rozo, Muñoz Ramos & Velásquez Restrepo (2022) y Jurado Mejía et al. (2023), quienes evidenciaron el alto nivel de pobreza en los sistemas rurales, identificando las unidades productivas de subsistencia, caracterizadas con el uso intensivo en pasturas, baja productividad, alto impacto ecológico; sin embargo, con potencial de adopción de prácticas agrosilvopastoriles y de transición hacia modelos sostenibles. Los determinantes de la sostenibilidad (eficiencia técnica en lo económico, social, político y ambiental) fueron similares a los hallados en el estudio de Gamarra Vergara (2004), cuando identificó en la eficiencia ganadera las siguientes variables: usos del suelo (hectáreas en pasturas, hectáreas destinadas para riego y hectáreas fertilizadas orgánicamente), las cuales se relacionan con los suelos productivos; y el valor promedio de las vacas vendidas y los gastos de mantenimiento en instalaciones, las cuales se relacionan con los ingresos operativos de los sistemas agropecuarios.

Este ejercicio de valoración de la sostenibilidad desde cada una de las cuatro dimensiones representa una oportunidad para identificar las variables y las decisiones asociadas a estas, que están causando resultados ineficientes en las fincas agropecuarias. Por ejemplo, la RBC que arrojó una mejora potencial del 97 % para las fincas consideradas No sostenibles (desde la dimensión económica), implicaría mejoras tales como: i) aumentos en los niveles de producción de leche, o de la cantidad de animales en pie o en la cantidad de los productos cosechados; ii) disminución de los costos de producción que favorezca el aumento de los márgenes de utilidad; o iii) mejorar los rendimientos de los cultivos por hectárea al igual que la capacidad de carga y la producción de litros de leche al día por animal. La propuesta de valoración de la sostenibilidad, a partir de la integración de sus variables sociales, económicas, políticas y ambientales, mediante el uso de métodos cuantitativos no paramétricos (como el DEA) y paramétricos (como el análisis de regresión) permitió sintetizar e integrar muchas variables que la determinan.

Los determinantes del puntaje de sostenibilidad hallados en el modelo econométrico sugieren que los esfuerzos de política rural regional deben priorizar y concentrarse en mejorar la rentabilidad de las fincas ganaderas y la conservación de los bosques inmersos en estos predios agropecuarios, de modo que aumenta la probabilidad de generar sistemas rurales sostenibles desde lo económico y ambiental. Sin embargo, como lo menciona Suárez et al. (2021), la pobreza en el sector rural se relaciona con la baja tecnificación y bajos niveles de escolaridad, y conlleva a sistemas agropecuarios con baja rentabilidad. Una respuesta en el corto plazo es la instauración de modelos sostenibles de producción agroforestales (Álvarez et al., 2021) a partir de transferencia tecnológica de ONG, instituciones científicas y academia.

Por lo anterior, es claro que la sostenibilidad es multidimensional y su monitoreo permite observar impactos o los cambios que suscitan las políticas públicas. La sostenibilidad, como lo establecen Fonseca Carreño & Vega Baquero (2019), es considerada como una ventaja competitiva en las empresas, en las regiones, en los sectores. De acuerdo con Castrillón Martínez & González Gil (2022), existe una oportunidad al sensibilizar a las familias para fortalecer su rol ecológico desde el manejo de los sistemas productivos de forma positiva con el entorno. La región amazónica cuenta con ventajas comparativas en materia de recursos naturales y ambientales, pese a ello, los gobiernos no han logrado generar un desarrollo rural eficiente. Como lo sugiere Jurado Mejía et al. (2023), optimizar la relación producto insumo en los sistemas de economía campesina, equivale a consolidar la seguridad alimentaria en las regiones, lo cual es un factor clave en el crecimiento económico de cualquier país.

Conclusiones

Para valorar la sostenibilidad a partir de las variables de la dimensión económica, política, social y ambiental, en los sistemas agropecuarios de la Amazonia colombiana, se propuso la construcción de un indicador sintético de sostenibilidad de las fincas a través del análisis de la envolvente de datos, el cual integra las anteriores variables. Luego, para hallar los factores determinantes de la sostenibilidad, se construyó un modelo econométrico cuya variable dependiente fue el indicador de sostenibilidad, en función del ingreso del propietario y los diferentes usos del suelo: coberturas en pastos, cultivos y bosques, así como la actividad económica (ganadería, agricultura y plantaciones forestales).

Los resultados de este trabajo permitieron evidenciar que, de acuerdo con los puntajes obtenidos en los indicadores de sostenibilidad de las fincas, solo un 6 % de las unidades productivas es sostenible; es decir, son eficientes en las cuatro dimensiones: la económica, social, política y ambiental. En este sentido, estas fincas sostenibles optimizan la relación producto insumo y cumplen simultáneamente con los criterios establecidos en la definición contemplada en el Artículo 3 de la Ley 99 de 1993, según los siguientes argumentos: i) tienen un crecimiento económico (que en este estudio se evidencia en una alta rentabilidad); ii) garantizan calidad de vida (aumentos en la satisfacción de las necesidades básicas); iii) generan bienestar social (han recibido apoyo del Gobierno en la seguridad y la productividad de sus fincas); y iv) no afectan los servicios ecosistémicos y su equilibrio (preservan bosques cuyos servicios ecosistémicos son la fijación y el almacenamiento de carbono). Lo anterior, es totalmente análogo con el concepto de desarrollo sostenible.

En contraste, las fincas consideradas no sostenibles, según el indicador, presentaron, por lo menos, alguna de las siguientes situaciones: baja rentabilidad, más niveles de necesidades básicas insatisfechas, no perciben el apoyo del Gobierno o presentan un bajo almacenamiento de carbono. Esto indica que no cumplen de forma simultánea con todos los criterios de la sostenibilidad. Es decir, son ineficientes, ya sea en las metas económicas, sociales, ambientales o políticas. Cabe aclarar que no todas las variables son del control del productor; algunas se relacionan con el alcance de las políticas de desarrollo social, económico y sectorial (como los índices de pobreza) y otras dependen de las decisiones del productor (por ejemplo, el nivel educativo o la conservación de bosques en la finca).

Las mejoras potenciales halladas orientan a los propietarios y productores de las fincas agropecuarias en la toma de decisiones. Las fincas no sostenibles deben uno resolver uno o varios problemas relativos a la baja rentabilidad, subutilización del suelo productivo, altos costos operativos, y la disminución de la deforestación que afecta la oferta de servicios ecosistémicos.

El nivel de apoyo del Gobierno que percibe el productor, en general, fue muy bajo. Las mejoras potenciales son para la administración local, que deben buscar políticas rurales que estén al alcance de los productores y se materialicen en el fortalecimiento de los sistemas agropecuarios a través de financiamiento de proyectos de transición hacia modelos sostenibles, transferencias tecnológicas, créditos de inversión educativa y tecnología con bajos intereses u otros incentivos.

Frente a las variables que determinan estos indicadores de la sostenibilidad en las fincas, se encontró que las coberturas en bosque se relacionan de manera positiva con los sistemas sostenibles. Esto resalta la importancia de la dimensión ambiental para que una finca sea considerada como sostenible.

Esta investigación valoró la sostenibilidad como un concepto multidimensional, mediante la construcción de un indicador integral. De acuerdo con los resultados, se reveló el predominio de los modelos tradicionales frente a los modelos sostenibles. Con el análisis de regresión se identificaron las variables asociadas a la sostenibilidad, de forma que el diseño de políticas dirigidas a estas puede acelerar la transición hacia unidades rurales sostenibles. Disminuir los impactos atribuidos al cambio en el uso del suelo, por la introducción de sistemas agropecuarios, es una de las metas de los ODS para Colombia y el mundo en la lucha por la mitigación y adaptación al cambio climático. Entre las principales estrategias para la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, para los países megadiversos como Colombia, se encuentran la protección de bosques y el aumento de los sumideros de carbono. Justamente estas dos actividades se pueden potenciar desde los sistemas agropecuarios sostenibles en la Amazonia.

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Notas